Cuando se envió la citación de desalojo para todos los clubes que habitan las márgenes del puerto de San Isidro, se pasó por alto que hay dos instituciones que son propietarias de sus tierras: el Club Naútico San Isidro (CNSI) y el Centro de Egresados de Navegación a Vela (CENAV). Todos los otros clubes están asentados en tierras pertenecientes a la Municipalidad, la que puede iniciar acciones legales en cualquier momento para recuperar esas tierras para el proyecto urbanístico mencionado. Esto quiere decir que tanto el CNSI como el CENAV no pueden ser desalojados de la tierra que ocupan.
Sin embargo, el CENAV tiene una situación comprometida con la Municipalidad, por una abultada deuda de más de cien mil pesos, fruto de malas administraciones y de las crisis económicas que afectaron al país en los últimos años. Esto lo pone en riesgo si la Municipalidad decidiera intimarlo a pagar en breve tiempo lo que debe e intentar desalojarlo por esa vía. Hay que tener en cuenta que esta institución tiene una úbicación privilegiada, lo que la hace muy apetecible.
El CNSI, en cambio, es el club más poderoso de la zona. Tiene una gran extensión territorial sobre la salida del puerto de San Isidro y también en la ribera opuesta; incluso ha conseguido ocupar una de las orillas de la isla de su vecino el CENAV, justamente la que da al canal de salida del puerto de San Isidro, y en ella ha instalado sus barcos. A pesar de los reclamos legales del CENAV, la justicia le ha dado la razón al CNSI. Está bien claro que el CENAV está en una posición de gran vulnerabilidad.
Otro dato que convendría relacionar cuando se habla de la transformación del puerto de San Isidro, es el megaproyecto privado que ya está en marcha en Vicente López, partido vecino al de San Isidro. Allí, en terrenos públicos, se proyectó un megacomplejo que incluye un centro comercial, cines, un estadio, un hotel cinco estrellas, edificio de oficinas y otras mejoras, con una inversión de 250 millones de pesos.
El proyecto para ser aprobado tuvo que hacerse con excepciones al código urbano y en la víspera de Nochebuena, entre gallos y medias noches, y sin haber sido revisado por el Consejo Asesor Permanente de Planeamiento Urbano, como destaca el diario La Nación en su edición del 24 de abril pasado. Dice también La Nación, que se otorgaron permisos para levantar torres de hasta 24 pisos en zonas de Olivos y Vicente López. Muchos de los vecinos sienten avasallados sus derechos y han expresado sus reclamos sin resultado. El megaproyecto ya está en marcha.
Volviendo al tema del puerto de San Isidro, son muy fuertes los intereses que confluyen en esa zona, son muchos los millones de pesos que empujan los negocios particulares por sobre los intereses públicos. Convendría estar atentos a todos estos movimientos para no ser sorprendidos por una nueva cédula de desalojo, que esta vez, quizá, no sea suspendida.
domingo, septiembre 11, 2005
sábado, septiembre 10, 2005
El negocio del Puerto de San Isidro
El 18 de febrero pasado, todos los clubes náuticos ubicados en la zona del puerto de San Isidro, recibieron una citación de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias que los conminaba a abandonar los espacios que ocupaban en un plazo de 60 días. Apelando a la ley provincial 12.831 se los intimaba al desalojo pero dejando las mejoras realizadas (edificios, plumas, amarras, etc.).
Esta ley, polémica si las hay, implica que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cede la administración de esta zona a la Municipalidad de San Isidro y posibilita la creación de un consorcio con intervención de la comuna y la provincia, para explotar el área con fines inmobiliarios y comerciales.
El tema ya tiene su historia. Diez años atrás se publicó la licitación de los puertos de San Isidro y Olivos, con el fin de llevar adelante este emprendimiento en el que estaban involucrados varios grupos económicos. El proyecto, que implicaba el desalojo de todos los clubes naúticos que ocupan las márgenes del puerto de San Isidro, levantó tanta polvareda y el alerta de la Federación de Clubes de San Isidro, que quedó en suspenso todos estos años.
Atento a este proyecto urbanístico para la zona, en el 2001 el gobernador de Buenos Aires en ese momento, Carlos Ruckauf, creó, en acuerdo con el intendente Gustavo Posse, este consorcio del que hablamos "para el desarrollo de la costa de San Isidro", el cual tenía la forma de una sociedad anónima.
Pero volvamos al 18 de febrero de 2005, cuando los clubes se vieron intimados a irse en forma por demás intimidatoria. La rápida reacción de la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro y el apoyo recibido de otras entidades náuticas y ONG's, obligaron a una aclaración de la Municipalidad que decía que en realidad el asunto no era tan así y lo que se prentendía era que se fueran los que estaban establecidos ilegalmente.
En dos entrevistas que la revista Bienvenido a Bordo (BAB) realizó al intendente de San Isidro y al secretario de Obras Públicas de esa Municipalidad, Fernando Romero, sólo queda claro que el desalojo está "suspendido". No se le asegura a las entidades naúticas que no serán desalojadas cuando se ponga en marcha el proyecto urbanístico. Porque no se desactiva la sociedad anónima formada por la gobernación de la provincia y la comuna y no se aclara cuál es el proyecto en cuestión. Lo único claro es que ya van dos intentos de desalojo de los clubes establecidos en el puerto de San isidro. "En este momento - dice Fernando Romero en la entrevista que le hace BAB- el proyecto que tenemos es trabajar el espacio público, que no intercede en el lugar de los clubes. Eso es algo que en su momento se definirá.....". Esta indefinición genera, por lo menos, cierta suspicacia, porque, junto con los mencionados intentos de desalojar a los clubes de la zona, alimenta la sospecha de que sigue latente la intención de privatizar el espacio público en beneficio de un negocio privado.
Cuando los actores que representan al Estado, esto es a los ciudadanos, repiten una y otra vez, que en realidad lo que quieren es jerarquizar el espacio público y que la gente pueda disfrutar de una zona que hoy está muy abandonada, no sabemos a ciencia cierta qué valoración tienen de los espacios que corresponden a la comunidad. Por otro lado, si desde hace años lo políticos se han apropiado de lo público en beneficio propio y de empresas privadas, en perjuicio de los ciudadanos, sería bueno que fueran claros en lo que quieren hacer cuando está en juego el bien común y el trabajo de cientos de familias que dependen del funcionamiento de los clubes que hoy están amenazados de desalojo.
Datos publicados por BAB hablan de un parque de unos dos mil barcos, de una masa societaria cercana a las diez mil personas y de unas doscientas familias que dependen económicamente de su trabajo en los clubes nucleados en la Federación. Esta situación exige mucha responsabilidad por parte de la intendencia de San Isidro y planteos claros, sin dobles intenciones. Requiere, finalmente, del compromiso de gobernar para los ciudadanos.
La única defensa de los clubes es acordar acciones en conjunto, estar atentos, asesorarse y no confiar en promesas hechas para apaciguar los ánimos, porque las palabras se las lleva el viento. Deben tener seguridades por escrito de lo que se promete. Finalmente, deberían lograr la titularidad de la tierra, lo más difícil de lograr, pero no imposible.
Esta ley, polémica si las hay, implica que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cede la administración de esta zona a la Municipalidad de San Isidro y posibilita la creación de un consorcio con intervención de la comuna y la provincia, para explotar el área con fines inmobiliarios y comerciales.
El tema ya tiene su historia. Diez años atrás se publicó la licitación de los puertos de San Isidro y Olivos, con el fin de llevar adelante este emprendimiento en el que estaban involucrados varios grupos económicos. El proyecto, que implicaba el desalojo de todos los clubes naúticos que ocupan las márgenes del puerto de San Isidro, levantó tanta polvareda y el alerta de la Federación de Clubes de San Isidro, que quedó en suspenso todos estos años.
Atento a este proyecto urbanístico para la zona, en el 2001 el gobernador de Buenos Aires en ese momento, Carlos Ruckauf, creó, en acuerdo con el intendente Gustavo Posse, este consorcio del que hablamos "para el desarrollo de la costa de San Isidro", el cual tenía la forma de una sociedad anónima.
Pero volvamos al 18 de febrero de 2005, cuando los clubes se vieron intimados a irse en forma por demás intimidatoria. La rápida reacción de la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro y el apoyo recibido de otras entidades náuticas y ONG's, obligaron a una aclaración de la Municipalidad que decía que en realidad el asunto no era tan así y lo que se prentendía era que se fueran los que estaban establecidos ilegalmente.
En dos entrevistas que la revista Bienvenido a Bordo (BAB) realizó al intendente de San Isidro y al secretario de Obras Públicas de esa Municipalidad, Fernando Romero, sólo queda claro que el desalojo está "suspendido". No se le asegura a las entidades naúticas que no serán desalojadas cuando se ponga en marcha el proyecto urbanístico. Porque no se desactiva la sociedad anónima formada por la gobernación de la provincia y la comuna y no se aclara cuál es el proyecto en cuestión. Lo único claro es que ya van dos intentos de desalojo de los clubes establecidos en el puerto de San isidro. "En este momento - dice Fernando Romero en la entrevista que le hace BAB- el proyecto que tenemos es trabajar el espacio público, que no intercede en el lugar de los clubes. Eso es algo que en su momento se definirá.....". Esta indefinición genera, por lo menos, cierta suspicacia, porque, junto con los mencionados intentos de desalojar a los clubes de la zona, alimenta la sospecha de que sigue latente la intención de privatizar el espacio público en beneficio de un negocio privado.
Cuando los actores que representan al Estado, esto es a los ciudadanos, repiten una y otra vez, que en realidad lo que quieren es jerarquizar el espacio público y que la gente pueda disfrutar de una zona que hoy está muy abandonada, no sabemos a ciencia cierta qué valoración tienen de los espacios que corresponden a la comunidad. Por otro lado, si desde hace años lo políticos se han apropiado de lo público en beneficio propio y de empresas privadas, en perjuicio de los ciudadanos, sería bueno que fueran claros en lo que quieren hacer cuando está en juego el bien común y el trabajo de cientos de familias que dependen del funcionamiento de los clubes que hoy están amenazados de desalojo.
Datos publicados por BAB hablan de un parque de unos dos mil barcos, de una masa societaria cercana a las diez mil personas y de unas doscientas familias que dependen económicamente de su trabajo en los clubes nucleados en la Federación. Esta situación exige mucha responsabilidad por parte de la intendencia de San Isidro y planteos claros, sin dobles intenciones. Requiere, finalmente, del compromiso de gobernar para los ciudadanos.
La única defensa de los clubes es acordar acciones en conjunto, estar atentos, asesorarse y no confiar en promesas hechas para apaciguar los ánimos, porque las palabras se las lleva el viento. Deben tener seguridades por escrito de lo que se promete. Finalmente, deberían lograr la titularidad de la tierra, lo más difícil de lograr, pero no imposible.
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